El 31 de enero se cumplirá un año desde que la Presidenta de la República ingresó al Parlamento el Proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Después de seis meses de deliberación en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el proyecto pasó a trámite a la Comisión de Constitución, sin que el gobierno le pusiera la urgencia necesaria para llegar lo antes posible a la aprobación de tan sentido cometido. A un año del inicio del proceso se sigue postergando la votación y se usa la iniciativa como moneda de cambio en la agotada trama de las relaciones de los partidos del oficialismo.
Pese a que la despenalización del aborto cuenta en las tres causales con un contundente apoyo ciudadano, ni la profundidad del debate, ni el apoyo de la ciudadanía han llevado a los poderes del estado a tratar la iniciativa con dignidad y respeto. El país ha sido testigo de la tozuda oposición del sector más conservador de la Democracia Cristiana, que se niega a avanzar, censurando en el gobierno y en el parlamento la inclusión de la causal de violación.
Tampoco hemos visto una acción decidida de la presidenta Bachelet, ni una coordinación ministerial que signifique un compromiso real con un proyecto esencial para la calidad de vida de las mujeres en Chile.
Nos preocupa que la ley no sea prioridad legislativa, nos indigna que miembros de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados puedan pedir un tiempo indefinido sin que la Moneda ponga urgencia para la votación en sala. Todo esto significa una falta de compromiso e interés de los actores políticos involucrados para avanzar en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.
El mundo político no puede olvidar que cada 25 minutos una mujer es violada, cada 25 minutos se manifiesta en la peor de sus formas, la vulnerabilidad en que viven las mujeres en nuestro país. En este contexto poder poner fin al embarazo forzado en caso de una violación es poner fin a una forma de tortura. El Estado debe hacerse cargo, prolongar este sufrimiento es hacerse cómplice.
Las mujeres han esperado por 25 años que se restituya el derecho actuar en defensa del derecho a la salud y a la vida. Hoy la clase política no puede negar que los derechos de las mujeres son derechos humanos. La calidad de nuestra democracia está en juego. Es deber del gobierno actuar de manera efectiva y del parlamento votar el PROYECTO DE INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO POR TRES CAUSALES y no se seguir ahondando la crisis de nuestra democracia.
– Corporación Miles Chile
– Colegio de Matronas y Matrones de Chile
– Dr. Gonzalo Rubio Schweizer, Consejero General Colegio Médico.
– Dra. Izkia Siches Pasten, Presidenta Consejo Regional Santiago, Colegio Médico
– Dr. Rene Castro, Miembro Comité Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos. Federación Latinoamericana de Sociedad de Obstetricia y Ginecología, FLASOG.
– Red de Estudiantes de Salud por el Derecho a Decidir REDD-Miles
– Dra. Rubi Maldonado, Miembro Instituto Chileno de Medicina Reproductiva
– Patricio Martinez, Primer Vicepresidente del Colegio de Periodistas
– Fundación Daya Fundación Creando Salud
– Movilh Chile
– Fundaciones Iguales
– Frente Género PRO
– Frente Género Revolución Democrática
– Núcleo Feminista Izquierda Autónoma
– Colectivo Lemebel
– Corporación Mujeres Líderes
– Instituto de la Mujer
– Evelyn Hornig, Vocera de Género de Amplitud
– Bessy Gallardo Prado, Vicepresidenta, Red Infancia Chile ONG.
– Fundación Savia
– Observatorio Género y Equidad
– Agrupación Lésbica Rompiendo El Silencio
– Núcleo de Investigación en Género y Sociedad Julieta Kirwood, Universidad de Chile
- Fundación Margen Apoyo y Promoción de la Mujer
- Colectivo Lemebel
